Ante el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, los responsables de las tres fuerzas de seguridad federales (policía federal, prefectura nacional, gendarmería) e intendentes del conurbano bonaerense, la presidenta de la nación presentó el Plan de Seguridad Unidad Cinturón Sur (PUCS), junto con otros anuncios en materia de seguridad, que competen al territorio porteño, como el cierre de los servicios psiquiátricopenitenciarios en los Hospitales Borda y Moyano, el cierre y traslado de la cárcel de Devoto y la adquisición de importantes herramientas tecnológicas para prevenir el delito.
Frente a un salón colmado, de la casa de gobierno, CFK anunció que en una “combinación entre seguridad y respeto a los derechos humanos” se realizará el traslado de los servicios del sistema penitenciario en hospitales psiquiátricos de la C.A.B.A, a la localidad de Ezeiza, como paso intermedio a la construcción de casas de medio camino que garanticen el cumplimiento de las exigencias que la Ley de Salud Mental establece. En la misma dirección, el respeto por los DDHH, la mandataria informó el cierre y traslado de la cárcel de Devoto a la localidad de Mercedes, donde se construirá un edificio con “celdas absolutamente individuales, terminando con la ignominia y lo terrible que eran los famosos pabellones comunes de los presos”. Continuando con la adecuada combinación, Cristina Fernández presentó los recursos tecnológicos de avanzada, que adquirió el Estado, los cuales se instalarán en las 35 cárceles argentinas, con el objetivo de evitar las vejatorias requisas a las que se someten a los familiares de los detenidos y el ingreso de elementos que posibiliten situaciones de violencia, tanto para quienes se encuentran bajo el techo de las cárceles, como para quienes se encuentran fuera de ellas. Sin embargo no puede considerarse que la tecnología o el gobierno nacional tengan el poder suficiente para garantizar el cumplimiento efectivo de las normas dentro del Sistema Penitenciario Federal. Las fuerzas de seguridad anteceden a la actual gestión. Toda fuerza política que haya ocupado un sillón en la Casa Rosada, desde la vuelta de la democracia hasta la fecha, sabe muy bien de los riesgos y los costos que conllevan confrontar a los uniformados. El fortalecimiento del poder del Estado, posibilitó que esta sea la primera vez.
Confrontación contra la corporación policial. Políticas de seguridad
La presidenta afirmó que llevar adelante estas acciones sólo es posible por los pasos dados anteriormente, anticipando que seguirán avanzando, con más intensidad, “en la medida en que se pueda seguir mejorando la actividad económica, porque estas cosas no se compran con discursos ni papeles, sino con contante y sonante que hay que juntarlo, administrarlo y saber aplicar bien”, en un claro mensaje a la gestión porteña, como a la bonaerense, a la que nos referiremos más adelante. Mejorar la seguridad implica tomar decisiones políticas, afectando intereses económicos, que permitan una sociedad más justa, donde los derechos humanos y la participación ciudadana, como mecanismo de acumulación de fuerza, sean un eje fundamental y no un obstáculo, como consideran los Ejecutivos de las Buenos Aires.
La mandataria realizó su discurso luego de la proyección de un corto donde se expuso el PUCS y su objetivo de aumentar la cantidad de efectivos en la calle, a partir de la incorporación de 2500 efectivos de la prefectura y la gendarmería - con funciones de policía de seguridad, prevención e investigación de los delitos- en la zona sur de la ciudad, distribuyendo 1000, de los 1300 policías federales del sur, al resto de los barrios porteños. Los otros 300 PF seguirán cumpliendo tareas administrativas en las Unidades de Seguridad Pública (USP), las cuales ocuparán el lugar que hasta el 4 de julio tienen las comisarías, dando lugar a más actores civiles, buscando promover un accionar más democrático de la fuerza.
Esta decisión de la presidenta, que parece vestida de “una respuesta integral, de la que participen todos los actores”, como solicitan los medios, la oposición y cierto sector del progresismo, lejos de obedecer a objetivos técnicos, muestra la decisión de un gobierno de confrontar, nuevamente, con una corporación, esta vez, la policía federal; ya que es un obstáculo que resiste ante el intento de alcanzar una sociedad más justa y segura. Este gobierno ha demostrado que las mejores armas para combatir la inseguridad han sido, y son, la educación y el trabajo, ampliando el acceso a derechos básicos, ofreciendo oportunidades a quienes nunca las tuvieron y recurriendo a respuestas asistenciales como última opción. La baja en los índices del delito así lo demuestra. Esto no quiere decir que sea suficiente para acabar con todos los hechos delictivos. Hay una serie de delitos que encuentran el camino allanado, gracias a un criminalización mediática que se ofrece como teoría ideológica a una sumatoria de actores que no están ni interesados ni dispuestos en confrontar con la corporación policial, ni con los intereses a los que responden.
El PUCS es un paso vital del Ejecutivo. Y digo vital porque implica riesgos que se llaman muertos, ya que es el modo, que en general, tienen las fuerzas de seguridad de responder cuando algo afecta sus intereses o no les gusta. El PUCS es una clara política de Estado, pero no implica que sea el paso de LLEGADA al objetivo propuesto, más bien diría el de partida, con una lógica de funcionamiento distinta. No se trata tanto de llegar, como de acercarse al objetivo: una mayor participación ciudadana, que posibilite debilitar a la corporación de la policía federal, promoviendo un accionar policial sin excesos y con respeto por la constitución nacional y los derechos humanos.
“El que prometa que va a erradicar definitivamente la inseguridad, el delito, está mintiendo. Hay cosas que no se puede garantizar ni con palabras, ni con leyes; se garantizan con políticas”, afirmó CFK en el acto. Buscando garantizar con políticas los objetivos en materia de seguridad, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré, implementó, desde abril, el Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad, paso previo al PUCS, realizando encuentros en las Comunas de la C.A.B.A, donde se promueve la participación comunitaria en seguridad, contando con Garré como una de sus principales militantes territoriales. “El derecho a la seguridad: un deber del Estado, obra de todos”, es el mensaje del Estado Nacional. La participación popular es la fuerza indispensable para poder lograr seguir avanzando sobre las nuevas resistencias que aparecen en el camino y evitar cualquier tipo de retroceso. De eso se trata “gobernar y no administrar” como dijo la presidenta, cuando era senadora, allá por el 2000. “Gobernar es meter al pueblo adentro”, anticipó. Creer, como hacen algunos, que en estos ocho años el Estado no se ha ocupado de la seguridad, es ignorar la política y la complejidad que la problemática conlleva. En estos ocho años el Estado Nacional ha metido a muchos adentro. Aunque todavía falten otros tantos.
Zaffaroni, el Indoamericano y Ecuador.
Hay tres hechos que me resultan indispensables para intentar acercarnos a una comprensión de lo que está sucediendo: 1) el intento de golpe de Estado a Ecuador 2) El trágico episodio del Parque Indoamericano, 3) las palabras en todos los medios de comunicación, del respetado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Eugenio Zaffaroni.
Comenzaré por este último punto, ya que me parece facilitará la articulación que busco. Refiriéndose a lo sucedido en Ecuador, al que siempre se refirió como intento de golpe de estdo, en una entrevista concedida a Página/12, el respetado juez expresó: “Esta tentativa de golpe de Estado refleja un problema general de América latina. No nos hemos ocupado de hacer un modelo policial democrático. Es el poder que da golpes en este momento. No son tradicionales, pero pueden desestabilizar”. “Hoy los golpes tienden a darlos las policías”, “El último empujón a (Fernando) De la Rúa se lo dio la policía; el empujón a (Eduardo) Duhalde se lo dio la policía, y el caso de Ecuador fue más manifiesto”.
El conflicto del Parque Indoamericano evidenció que el Ejecutivo Nacional no tiene un poder absoluto sobre la Policía Federal, como mienten algunos, y que ésta, por acción u omisión, tuvo responsabilidad en lo sucedido, aunque será la justicia quien determine el grado y las consecuencias de ello. El trágico episodio nos permite intuir que se intentó frenar con dos muertos, el proceso que el gobierno nacional intenta llevara adelante, siguiendo las necesidades de las mayorías. Muertos que se suman a la lista de los “seres-siendo que no pudieron seguir siendo, porque lo impidió violentamente alguien (o muchos), como plantea Zaffaroni en su imprescindible libro “La palabra de los muertos”. Los de siempre y sus representantes, con sus mismos mecanismos, el ejercicio de la violencia, esta vez de los uniformados, con el objetivo de no perder los lugares de poder que ocupan. Se intentó frenar la mejora de la calidad de vida de la mayoría a los golpes, pero las lecciones aprendidas, posibilitaron el plan que el Cristina Fernández presentó.
Quien conozca aquellos espacios que no se caracterizan por la circulación de su población, sino por la permanencia en el territorio, sabe que las fuerzas policiales pocas veces desconocen las acciones delictivas que en su jurisdicción se planean. Porque el Indoamericano no fue espontáneo. La PFA, como todo aquel que cumpla función de policía, tiene el poder de sancionar a aquellos que han cruzado la línea prohibida, así como también el de hacerse el distraído, pero la respuesta violenta a esa transgresión debe ser la última respuesta y no la primera. Promover la participación comunitaria, como un mecanismo de persuadir a los agentes de realizar acciones u omisiones que favorezcan el delito.
Con Filmus o Scioli.
La decisión de la presidenta de unir tres fuerzas, e invitar a sentarse a la mesa a los poderes ejecutivos bonaerenses y porteños, muestra que esto no se trata sólo de confrontar con el poder de la corporación policial, sino también sumar un aliado para confrontar, también, con el tercero. Claramente ni Scioli ni Macri han pensado seriamente en debilitar el poder policial, sino, por el contrario, en fortalecerlo. Esto trae a cuenta que, independientemente del resultado de la elección porteña, el gobierno nacional avanzará en un nuevo modelo de seguridad, intentando encontrar en Scioli un aliado contra el macrismo, ya que es el gobernador bonaerense es el otro blanco al que apunta los dardos de la responsabilidad de la inseguridad porteña. En cambio, si gana Filmus, éste será un aliado en la defensa de los derechos humanos, contra las políticas de endurecimiento del poder punitivo y la criminalización de la pobreza, a la que la gestión de la provincia nos tiene acostumbrados. Mientras en los trenes a Moreno, encontramos arandelas naranjas, con forma de chapa policial, que dicen “Si ves algo llamá. 911. Buenos Aires la provincia”, dirigiéndose solamente a los pasajeros, la presidenta de la nación, delante del gobernador, convocó a los efectivos de seguridad a no temer “en denunciar lo que tengan que denunciar”.
Queda claro que la política de seguridad del kirchnerismo es profundizar. La de Macri y Scioli, detención y retroceso. La participación y la conducción determinarán quién gana.
